El enemigo no
nos podrá callar
y si por esta causa hay que morir,
gustoso
ofrendaría la vida.
Saúl Cantoral
Han
transcurrido 23 años desde el cobarde asesinato de Saúl Cantoral Huamaní a manos del comando Rodrigo Franco.
Transcurría el primer gobierno de Alan García y Saúl Cantoral había liderado
dos victoriosas huelgas mineras obligando al Estado a promulgar la ley de
jubilación minera y el compromiso para
reconocer el Pliego Nacional Minero.
Las huelgas
dirigidas desde la Federación Nacional
de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) comprometieron
a todos los trabajadores mineros con la conquista y defensa de sus derechos y
permitieron denunciar la explotación a la que estaban sometidos los
trabajadores. Es por ello, que no tardaron en llegar las amenazas del Estado y
de los grandes grupos de poder ligados a la minería.
Durante el
desarrollo de la primera huelga minera (Agosto 1988) es secuestrado y conminado
a levantar la medida de fuerza, sin embargo el compromiso con su pueblo fue más fuerte que la preocupación por su
integridad personal y la de su familia. Durante la segunda huelga minera
(Octubre-Diciembre 1988) la reacción del gobierno de Alan García fue
militarizar los campamentos mineros e intentar desprestigiar la lucha minera.
Sin embargo, la huelga ya había recibido el respaldo de distintos contingentes
del movimiento popular, así por ejemplo, se habían levantado campamentos de
mineros venidos de todo en país en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Mientras los
trabajadores se preparaban a iniciar una nueva medida de lucha, ante la negativa del gobierno y los empresarios de reconocer
los compromisos asumidos (el pliego nacional minero),
Saúl Cantoral fue cruelmente asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la
explanada del parque zonal Huiracocha con impactos de bala, tres de ellos en la
cabeza. Desde esa fecha, su familia, amigos y compañeros emprendieron el largo y tortuoso camino de la
lucha por conocer la verdad y alcanzar
la justicia.
Durante 15 años
7 fiscalías conocieron los hechos, sin que ninguna identifique a los autores
del crimen ni formalice denuncia contra ninguno de ellos. Luego de la caída de
la dictadura y con los testimonios
recogido por la Comisión
de la Verdad,
se dispuso reabrir el caso. Esta reapertura puso en evidencia la desaparición
de pruebas claves como el acta de necropcia. Ante ello el 2006 se produjo la
exhumación del cuerpo, lo que permitió
corroborar que Saúl Cantoral fue
cruelmente torturado y asesinado.
Al año siguiente
se emitió la sentencia de la Corte
Interamericana de DDHH que declaró al Estado responsable de
violación del derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la
libertad personal, y derecho a la libertad de asociación en perjuicio de Saúl
Cantoral. La sentencia ordena que el Estado sancione a los responsables y
realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y desagravio a
las víctimas, acto que hasta el momento no se ha realizado.
La lucha
iniciada por lo familiares y compañeros de Saúl Cantoral, se ha visto
fortalecida con la judicialización del caso. Ante la contundencia de las
pruebas el principal acusado, Augustín Mantilla (Ministro del Interior del
primer gobierno aprista), solicitó la prescripción del caso, pedido que fue
rechazado por el juzgado ya que se trata
de un delito de lesa humanidad.
Actualmente el caso se encuentra en el
4to juzgado supraprovincial, en etapa de investigación a la espera de que se
tome la decisión de si se va a proceso judicial o no.
Agradecemos a todas las personas que participaron en la organización y nos acompañaron en las actividades en conmemoración del 23° aniversario de la partida de Saúl Cantoral.
La tarea: JUSTICIA
