Cuantiosas pérdidas de dinero, y tal vez irrecuperables, son los pasivos que continuamente se acumulan para nuestro país por la corrupción de los gobiernos de los últimos tiempos: GARCÍA, FUJMORI, TOLEDO Y NUEVAMENTE GARCÍA. “Mandatarios” dedicados a entregar nuestras riquezas naturales a la voracidad económica y mercantilista de las compañías transnacionales y demás grupos de poder económico y político.
Con el actual gobierno de García, la corrupción en las entidades públicas ha rebasado límites inimaginables, tanto los principales dirigentes del partido de Gobierno como sus militantes de base están devorando las arcas del Estado.
Apenas tomaron el poder, García y compañía se dedicaron a negociar bajo la mesa, y a espaldas del pueblo, el destino de los recursos naturales de nuestro Perú. Y el resultado como siempre fue lo ancho para las transnacionales y los angosto para los peruanos. Cada vez las condiciones son más desventajosas para nuestro país, con cada negociado bajo la mesa, la brecha entre los que tiene más y los que tienen menos se agiganta; y todo porque grupos económicos y políticos buscan amasar su fortuna a través de la corrupción del Estado.
Negociados clandestinos en los más altos niveles del Gobierno aprista, como los de las empresas estratégicas del Estado (Petroperú, Perú Petro), simulando un proceso legal de concesiones petrolíferas, cuando de antemano ya se había decidido privilegiar a una (Discover Petroleum), coimas para todos por la concesión de áreas de explotación expresamente seleccionadas.
Y así ha continuado el rumbo de este gobierno para quien sus principales enemigos son: los trabajadores, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, las comunidades indígenas, además de todo grupo humano organizado que, con justa razón, reclama la restitución de sus derechos laborales, el respeto a los derechos básicos como la salud, la educación, vivienda, el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos, el de las comunidades a vivir en armonía con su territorio y a defenderlo, el derecho a un medio ambiente sano. Todos estos derechos que nos son reiteradamente negados con violencia y muerte.
Como si fuera poco, el gobierno utiliza al Poder Judicial para perseguir políticamente a dirigentes de movimientos sociales e indígenas, y así encarcelarlos con la complicidad de fiscales y jueces vendidos al actual gobierno aprofujimorista. En este segundo Gobierno de García, la criminalización de la protesta se ha convertido en una figura legal que castiga al que se indigna y se levanta contra los abusos de oligarquía peruana.
Tal es el caso del compañero Pedro Condori Laurente, secretario general del Sindicato de la Empresa Minera Casapalca, quien fue injustamente acusado de asesinar a un policía en una manifestación, cuando ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos. Hoy Pedro Condori se encuentra encarcelado en condiciones inhumanas, y espera justicia. La Coordinadora Contra la Impunidad se solidariza con él y su familia y se suma a la ya larga exigencia de que sea puesto en inmediata libertad.
Ante esto, poblaciones enteras, incluso de los rincones más alejados de nuestro país, han manifestado su rechazo y protesta contra las políticas extractivistas y entreguistas de García. Afortunadamente, los pueblos originarios nos han enseñado que la tierra y el medio ambiente no se negocian.
Después de la masacre en Bagua, el pueblo amazónico ha despertado en el país entero un espíritu de lucha por la tierra y los recursos naturales. Pese a los crímenes cometidos por el gobierno de Alan García y la persecución e injusta y arbitraria detención desatada en contra de muchos de los líderes del movimiento indígena, y luego del reciente retorno del Apu Alberto Pizango, el cual celebramos, nos atrevemos a afirmar que se vienen nuevos tiempos de lucha y de resistencia, que sin duda contarán con el apoyo del movimiento social a nivel nacional, que ninguna de las arremetidas del gobierno nos podrán hacer claudicar como pueblo.
Es en este contexto que el único gobierno que nos puede representar como pueblo es aquél que esté dispuesto a combatir con mano firme, a través de la justicia, al flagelo del crimen, la violencia y la corrupción (que también es una violación a los derechos humanos). Un Gobierno alternativo que pueda abrir paso a una nueva sociedad que nos beneficie sobre la base de verdaderos valores como seres humanos.
Viabilizar ese proceso es tarea de todos y de todas
La lucha contra la impunidad es ahora.
¡NO A LA CORRUPCIÓN Y A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
¡ALAN LOS CRIMENES SE PAGAN!
COORDINADORA CONTRA LA IMPUNIDAD – CCI Perú
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