sábado, 11 de septiembre de 2010

RECHAZAMOS LA LEGALIZACION DE LA IMPUNIDAD

El 1º de setiembre el gobierno publicó un paquete de leyes entre ellos el Decreto Legislativo 1097 cuestionado pues busca favorecer a los procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la época de violencia política. Esta legislación se da en el contexto de impunidad generado en los últimos años con la criminalización de la protesta social y la represión violenta. El gobierno necesitaba legitimar sus atropellos a los derechos humanos, ya que sus manos están igualmente manchadas de sangre.

Este decreto que impone plazo de prescripción a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la época de violencia política: el archivamiento de los casos, cese de las investigaciones, detener la búsqueda de los desaparecidos y otorga libertad a los procesados, infringe la obligación del Estado peruano de honrar la legislación internacional en materia de derechos humanos. Es una ley que beneficia a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del 2003 y constituye una ofensa a los más de 69000 víctimas y anula la esperanza de alcanzar justicia de sus familiares por lo que ha merecido el rechazo comunidad nacional e internacional que la equiparan a una amnistía.

Instituciones de derechos humanos, organizaciones de familiares de víctimas y demás sectores conscientes y organizados de nuestro pueblo piden la anulación de estas leyes. Se hace también necesario el pronunciamiento de los congresistas, del colegio de abogados y otras instituciones.

El clima de impunidad se ha visto también reforzado por la anulación del juicio seguido a Agustín Mantilla y los miembros del comando Rodrigo Franco por delitos de lesa humanidad cometidos durante el primer gobierno aprista aduciendo que estos no fueron violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto ya prescribieron. Este hecho demuestra que el gobierno de Alan García encarna la política de represión y crimen por parte del Estado, consolidando la impunidad e injusticia en el Perú.

La Coordinadora Contra la Impunidad se une a las voces que se oponen a estos hechos exigiendo la derogatoria del Decreto Legislativo 1097 exigimos también a este gobierno el respeto al derecho de los miles de familiares de las víctimas a conseguir justicia.

Llamamos a toda la ciudadanía, hombres, mujeres, jóvenes, a sumarse a las actividades que se vienen desarrollando en contra de estos decretos que legalizan la impunidad. Unidos y conscientes de los crímenes perpetrados por el gobierno del APRA y el Fujimorismo, exigimos juicio y castigo para los asesinos.

LUCHEMOS POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD

BASTA YA DE IMPUNIDAD


11 de setiembre de 2010

Coordinadora Contra la Impunidad - Perú

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