Por esta masacre se culpó a los campesinos de Uchuraccay un pueblo en las alturas de Ayacucho hasta entonces olvidado. La primera investigación realizada por la “Comisión Vargas Llosa” avanzó pobremente en el esclarecimiento de los hechos siendo ésta un saludo a la bandera por parte del gobierno de Belaúnde. Los siguientes periodos que han seguido al de Belaúnde poco o nada han hecho por encontrar la verdad de lo ocurrido sin poder dilucidar las causas y resarcir los daños ocasionados a la comunidad de Uchuraccay y a los familiares de las víctimas.
Han pasado 27 años desde aquel suceso ubicado en el contexto de una política militar de guerra sucia dirigida por el Estado peruano para combatir a Sendero Luminoso, en la que todo aquel extraño de a pie que cruzara debía tomarse por enemigo y por ende eliminarse. La desesperación, el mal manejo político y militar del Estado frente a una guerra interna en nuestro país acabó cometiendo crímenes que no deberían quedar impunes.
La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos para asumir la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y el Estado en su errada estrategia militar frente a un problema político en su esencia, ha conllevado a desatender el caso sin haber sido interpretado con mayor objetividad.
Por ello, nos compete un análisis concienzudo del problema reconociendo la etapa que afrontó el país, la envergadura del conflicto que se desenvolvió, los daños hacia las víctimas y familiares que pese a la indiferencia del propio Estado para con su dolor y sus derechos, aún siguen luchando por justicia, premisa fundamental como parte de una lucha mayor contra todo aquello que atente con el desarrollo y porvenir de nuestro pueblo.
Alrededor de estas fechas no podemos dejar de hacer memoria de que producto de las mal llevadas políticas del Estado y la masacre de los 8 hermanos periodistas en Uchuraccay ciento treinta y cinco comuneros de esa zona fueron asesinados de igual manera. A mediados de 1984, Uchuraccay dejó de existir debido a que las familias sobrevivientes huyeron, refugiándose en las comunidades y pueblos cercanos de la sierra y selva de Ayacucho, así como en las ciudades de Huanta, Huamanga y Lima.
La Coordinadora Contra la Impunidad, sumándose a la defensa de los derechos fundamentales de nuestro pueblo, exige justicia y reparación para los familiares de las víctimas; así como el esclarecimiento y la justa sanción de los responsables de estos crímenes en el poder judicial.
A 27 años de su cruel asesinato:
Eduardo de la Piniella
Pedro Sánchez
Félix Gavilán
Jorge Luis Mendivil
Willy Retto
Jorge Sedano
Amador García
Octavio Infante
Sr. (Guía) Juan Argumedo
VICTIMAS DE UCHURACCAY
¡PRESENTES!
¡NI OLVIDO NI PERDÓN, SANCIÓN A LOS CULPABLES!
