Cantoral: El crimen sigue impune

El 13 de febrero de 1989, Saúl Cantoral, máximo dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, salía del local sindical en compañía de la dirigente de mujeres Consuelo García, cuando fueron secuestrados por individuos que se encontraban en dos camionetas 4 x 4. Los cadáveres de ambos aparecieron horas después en el parque Wiracocha de San Juan de Lurigancho.

Mañana se habrían cumplido 21 años de los crímenes y hasta el momento no hay sanción para los culpables y tampoco se hacen efectivas las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de derechos humanos que sentenció al Estado peruano.

Cantoral de 42 años, trabajador de Marcona (Nazca) se preparaba a participar en un Congreso internacional minero que se realizaría en Zimbawe. Justo en esos días Cantoral defendía con ardor el pliego nacional presentado por su federación ante el primer gobierno de Alan García y los empresarios y anunciaban una tercera huelga en demanda de respeto a sus derechos. Antes de descargar seis balas en la cabeza y en el corazón de Saúl y otras dos balas en el cuerpo de Consuelo, fueron salvajemente torturados. Cantoral tenía quebrado el esternón.

La historia
A las 11 de la noche del 13 de febrero un patrullero de la policía al mando del sargento Dionisio Castro encontró el cuerpo de Saúl Cantoral en las inmediaciones del parque zonal Huiracocha en Canto Grande. Estaba boca abajo y con varias heridas de bala. A pocos metros se encontraba el cadáver de Consuelo García con el cráneo totalmente destrozado.

Según el parte policial, al costado del cuerpo de Cantoral había una cartulina celeste en la que figuraba la hoz y el martillo y decía: “perro soplón, vendido, viva la huelga minera, viva el PCP”, en un evidente intento de confundir a la prensa y a los investigadores.

La fiscal del caso señaló a la Comisión de la Verdad que los miembros de la policía que investigaban el doble crimen se encontraban muy atemorizados y no tenían interés de indagar sobre lo que realmente sucedió. Luego contó que su jefe del poder judicial le dijo “hasta aquí nomás; te quitas, tienes familia, que esto que el otro, ya doctora hasta acá hemos hecho todo lo que hemos podido llegar, parece que aquí hay otros intereses y esperemos que lleven el documento y se acabó”.

Sobre los asesinatos de Saúl Cantoral y Consuelo García señala el auto de procesamiento “que con fecha trece de febrero de mil novecientos ochenta y nueve siendo aproximadamente las diecinueve y veinte horas aproximadamente, el secretario general de los trabajadores mineros y metalúrgicos sindicalizados del Perú Saúl Isaac Cantoral Huamani y la dirigente fundadora del ‘Centro de Mujeres Filomena Tomaira Pacsi’ Consuelo Trinidad García Santa Cruz cuando se encontraban en las inmediaciones del Parque Universitario, habrían sido secuestrados por parte de los denunciados Jorge Mauro Huamán Alacute y Jesús Miguel Ríos Sáenz, quienes los habrían intervenido y obligado a subir a un vehículo, donde los habrían enmarrocado, amordazado y cubierto sus rostros, así se tendría de la declaración del ex oficial PNP Rafael Adolfo Pércovich Cisneros brindada ante la Comisión Herrera.

·Que seguidamente habrían sido conducidos hasta la explanada de la playa de estacionamiento del parque zonal Huiracocha ubicada en Canto Grande-San Juan de Lurigancho. Que en dicho lugar y siendo las veintiún horas aproximadamente, los denunciados Jorge Mauro Huamán Alacute, Jesús Miguel Ríos Sáenz habrían asesinado con armas de fuego a las personas de Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, presumiendo el ministerio Público además la intervención de otros integrantes de dicha agrupación paramilitar (Comando Rodrigo Franco) que aún no habrían sido identificados, así como también se tendría que habrían participado los oficiales del Grude comandante PNP Rafael Gonzáles Zegarra y el mayor PNP Marco Puente Llanos (quienes a la fecha estarían fallecidos)”.

Seguidamente figuran las manifestaciones de diversos testigos, dictámenes periciales de medicina forenses, protocolos de autopsia y pericias balísticas.

El numeral 2.3.6 expresa “Que, se precisa también que este hecho habría sido ordenado por el denunciado Máximo Agustín Mantilla Campos, quien en su calidad de jefe del Comando Democrático Rodrigo Franco-CRF habría autorizado las acciones de dicho grupo.

“Que asimismo se señala que Saúl Isaac Cantoral Huamani en su condición de dirigente sindical durante LA PRIMERA huelga minera realizada en agosto de mil novecientos ochenta y ocho habría sido secuestrado por personas desconocidas quienes lo habrían subido a un carro y llevado a una playa donde le habrían inyectado sustancias con la finalidad de coaccionarlo para que cesara la huelga”.

Las pesquisas
Las investigaciones, que se basaron mayormente en testimonios de testigos y de ex integrantes del comando Rodrigo Franco, concluyeron en señalar al ex ministro aprista Agustín Mantilla como autor intelectual y al también militante del mismo partido Jesús Miguel “Chito” Ríos así como al policía Jorge Huamán Alacute como autores materiales. Todos ellos pertenecían al comando paramilitar Rodrigo Franco, un escuadrón de la muerte organizado y dirigido por Mantilla, según diversas decaraciones y denuncias.

Testimonios valiosos de los testigos Segundo Miguel Dionisio Castro, Maximiliano Mejía Carrillo y Miguel Aurelio Exebio Reyes, entre otros, clarificaron la autoría de los asesinos. Gracias a esas manifestaciones, a los inculpados se les ha reabierto proceso en el 4º juzgado penal supranacional por secuestro y homicidio calificado.

Demanda y homenaje
Ulises y Francisco Cantoral, hermanos de Saúl, exigen al gobierno que cumpla con las resoluciones de la Corte Interamericana de derechos humanos que el 2007 responsabilizo al Estado peruano&sa=Buscar" title="buscar información sobre Estado peruano">Estado peruano por la muerte de Saúl y Consuelo y exigió al gobierno que pida disculpas por el crimen, que entregue una indemnización a los familiares de las víctimas y que publique los capítulos del 7 al 10 de las sentencias, tanto en el diario oficial El Peruano como en otros dos medios, lo que no se ha cumplido.

A la vez dispuso investigar los hechos y sancionar a los responsables y precisó, que en este caso, el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de asociación. También señaló que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento a Cantoral y García.

Después del doble crimen y ya en el gobierno de Fujimori, los familiares y los trabajadores mineros exigieron que se castigue a los responsable pero sus demandas cayeron en saco roto y, por el contrario, desapareció el certificado de necropsia de Saúl de la Morgue de Lima, por lo que en el 2006 los restos de Cantoral tuvieron que ser exhumados y pudo comprobarse nuevamente los golpes y los balazos que segaron su vida.

Saúl dejo esposa y cuatro hijos que han recibido una minima parte de la indemnización que ordena el organismo internacional y nada más. Sin embargo, ellos persisten en su justo reclamo de pedir castigo a los asesinos.

Los familiares, junto al Sindicato de Obreros mineros de Shougang-Hierro Perú y con el apoyo de la Coordinadora contra la Impunidad, al recordar el 21 aniversario de su asesinato, han programado para hoy viernes una serie de homenajes que se realizarán tanto en Nazca como en Lima y La Merced y en otros centros mineros.

Prensa cumplió importante rol
Los crímenes del comando paramilitar Rodrigo Franco y particularmente el asesinado de Saúl Cantoral y Consuelo García pudieron ser conocidos gracias a las publicaciones de diversos medios de comunicación, de acuerdo lo señalara el propio Cuarto Juzgado Penal Supranacional, donde se ventilan ambos asesinatos.

Según la Cédula de Notificación judicial, por los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR y de la Comisión Investigadora del Congreso de la República –Comisión Herrera- y de otras cinco comisiones más se llegó a determinar que entre los años 1985 y 1990 “habría existido y operado en nuestro país la agrupación paramilitar organizada como aparato armado autodenominado Comando Democrático Rodrigo Franco”.

Luego precisa que la motivación que habría impulsado la creación de dicha agrupación sería la incapacidad del Estado para afrontar la subversión de los grupos terroristas y “como respuesta a ello se tendría que el denunciado ex viceministro del interior Maximo Agustín Mantilla Campos habría idealizado y materializado la creación de este grupo de personas destinado a ejecutar operaciones contrasubversivas que buscaban la intimidación y eliminación física de personas vinculadas a las organizaciones terroristas ‘Sendero Luminoso’ y ‘Movimiento revolucionario Tupac Amaru’ y posteriormente de cualquier persona que constituía un problema de oposición a la política de ese entonces”.

Informes de la prensa
Para esas conclusiones fue muy importante el papel de la prensa en el esclarecimiento de los crímenes de Cantoral y García y de otras victimas del comando Rodrigo Franco.

Varias ediciones de la revista “Sí” de esos años dan cuenta de las amenazas del comando Rodrigo Franco a un sacerdote francés acusado de terrorista, así como a gente ligada al espectáculo y de atentados con dinamita a casas de periodistas, como Francisco Igartua y abogados y amenazas a luchadores sociales.

Se conoce igualmente y gracias a las publicaciones periodísticas, sobre las pintas que efectuaba el comando en Ayacucho y las amenazas a miembros de Amnistía Internacional por entrevistar a periodistas de esa zona como Luis Morales Ortega, quien después fuera asesinado por el Grupo Colina.

El diario La República también difundió una serie de informaciones sobre la existencia del Rodrigo Franco y sus amenazas a diputados de Izquierda Unida y sobre la detención de un dirigente aprista en el distrito de Lagunas, en Chiclayo, cuando repartía volantes del escuadrón de la muerte.

La revista Oiga dio a conocer una nota sobre Alberto Chocano Coll y su trabajo como confidente del Comando Rodrigo Franco. Este individuo informa que sus jefes en el comando eran Agustín Mantilla, Victor Reyes Roca y Carlos Oliva.

La revista Caretas dio amplia cobertura a la demanda de distintas personalidades que exigen se investigue al citado grupo paramilitar y en otro número dio cuenta de varios asesinatos en el interior atribuidos al grupo paramilitar aprista.

En una declaración a la Comisión de la Verdad varios testigos claves reconocieron que el comando se formó con la intención de eliminar a subversivos que eran liberados y que sus principales mentores, con Agustín Mantilla a la cabeza, se reunían en el fundo Barbadillo, donde hoy funciona la Diroes.

Fuente: Diario ¨La Primera¨ http://www.diariolaprimeraperu.com/online/informe-especial/cantoral-el-crimen-sigue-impune_56557.html